El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) planteó que la contribución por residuos sólidos no debe calcularse únicamente en función de la facturación, sino tomando en cuenta la actividad económica y los desechos que efectivamente genera cada sector.
La posición del gremio fue presentada ante el presidente Luis Abinader y el Congreso Nacional, en momentos en que la aplicación de la Ley 98-25 vuelve a abrir el debate sobre cómo distribuir el costo de la gestión de residuos sin imponer cargas desproporcionadas ni alejar el cobro de su objetivo ambiental.
Según el CNCP, aplicar ese criterio de forma automática podría afectar de manera especial al comercio mayorista, sin que necesariamente exista una relación directa con el impacto ambiental real que produce cada negocio. Por eso, el planteamiento no se limita a pedir una rebaja, sino a exigir que el mecanismo de cobro sea más preciso, fiscalizable y coherente con la generación efectiva de desechos.
En el fondo, la discusión obliga al Gobierno y al Congreso a demostrar que el nuevo esquema no será solo una vía para recaudar, sino una herramienta transparente, con reglas claras y con capacidad de medir resultados. Si la contribución se diseña mal, el costo puede terminar recayendo sobre sectores formales sin resolver el problema ambiental que se intenta atender.
El CNCP sostuvo que la ley debe responder a un criterio de proporcionalidad, de modo que el pago guarde relación con la actividad y el volumen de residuos producidos. Bajo ese enfoque, el gremio busca que el debate legislativo corrija posibles distorsiones antes de que el esquema quede aplicado de forma generalizada.
La solicitud se inscribe en una discusión de política pública que, además de su impacto en el comercio, exige rendición de cuentas sobre cómo se definirá el cobro, qué medición se usará y qué beneficios concretos tendrá para la gestión de los residuos sólidos.