Carlos Enrique Rubio Martínez enfrenta un nuevo proceso penal por presunta difamación e injuria mediante medios electrónicos, luego de que el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood y su esposa, Massiel Miguelina Sención Suárez, presentaran una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por publicaciones difundidas en redes sociales. El caso cobra mayor relevancia porque Rubio reside en Estados Unidos y, según documentos del proceso, ya habría sido declarado en rebeldía en otra causa, lo que abre la posibilidad de mecanismos judiciales para procurar su comparecencia ante la justicia dominicana.
Según la querella, Rubio divulgó informaciones que los denunciantes consideran falsas y perjudiciales para su honor, entre ellas señalamientos que lo vinculaban con supuestas influencias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con presuntas irregularidades en contrataciones estatales. Los querellantes afirman que esas imputaciones se difundieron sin sustento y con la intención de dañar su imagen pública, en un expediente que también incorpora publicaciones con fotografías e informaciones personales de la familia.
Esta nueva acción judicial se añade a otros procesos en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación, incluido uno presentado ante la justicia de Estados Unidos. Más allá del expediente concreto, el caso vuelve a dejar al descubierto un problema de vigilancia institucional: cuando denuncias de alto impacto público terminan sometidas a cuestionamiento judicial, aumenta la exigencia de que las autoridades actúen con firmeza y de que cualquier señalamiento sobre corrupción o tráfico de influencias esté respaldado por pruebas, no por campañas digitales sin control.