SANTO DOMINGO. – El proceso penal abierto contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria en medios digitales vuelve a poner en foco señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado. La causa, que podría terminar en su extradición y en una comparecencia obligatoria ante los tribunales dominicanos, fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales contenidos en los que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de alegadas irregularidades. La denuncia afirma que esas acusaciones no tenían sustento y que fueron divulgadas públicamente para afectar la reputación y la credibilidad de los denunciantes, al tiempo que incluyeron referencias a la esposa del empresario con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción fue interpuesta al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y pasaron a constituir imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente suma una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.