Las licitaciones de cocinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) quedaron bajo un foco de fiscalización más severo luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmara la recepción de 83 recursos jerárquicos, 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación. El proceso abarca 34 licitaciones públicas nacionales, desde el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2025-0051 hasta el INABIE-CCC-LPN-2025-0084, en las que se presentaron 2,656 ofertas y fueron adjudicados 1,656 proveedores.
La DGCP informó además que, junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, profundiza la revisión de adjudicaciones para identificar beneficiarios finales vinculados a determinados procesos y verificar posibles situaciones relacionadas con prohibiciones, incompatibilidades o vínculos empresariales previstos en la normativa. A esto se suman 43 contratos suspendidos por el propio INABIE por presuntos incumplimientos, ahora incorporados a la verificación sobre las condiciones en que se ejecutaban.
En medio de ese cuadro, el órgano rector exhortó al INABIE a reforzar la supervisión durante toda la vigencia contractual, con nuevas verificaciones de la capacidad instalada de las cocinas e inspecciones periódicas y aleatorias. El volumen de recursos, las suspensiones y la intervención de instancias de control exponen un nuevo frente de desgaste para la gestión y elevan la presión institucional sobre un proceso que ahora deberá responder formalmente a cada expediente abierto.