La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, el 21 de junio, incorporó otro país a una corriente regional de liderazgos que han hecho de la seguridad y el orden su principal bandera. El abogado y empresario, que asumirá el 7 de agosto en sustitución de Gustavo Petro, derrotó por un margen cercano a un punto porcentual al senador Iván Cepeda, en una de las contiendas más cerradas de la historia reciente colombiana.
Durante la campaña, De la Espriella puso el foco en el combate al narcotráfico y a los grupos armados, junto con la reducción del tamaño del Estado y la rebaja de impuestos. Entre sus propuestas figuran diez cárceles de máxima seguridad operadas por empresas privadas, inspiradas en el modelo salvadoreño, además del bombardeo de campamentos de grupos ilegales y el retorno de la fumigación aérea contra cultivos de coca. El propio presidente electo se ha declarado admirador de Nayib Bukele, Javier Milei, Donald Trump y José Antonio Kast, mientras Trump respaldó públicamente su candidatura.
El caso de El Salvador aparece como referencia central de esta tendencia. Desde 2022, Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción bajo el cual las fuerzas de seguridad han encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros, muchos de ellos en una megacárcel construida para ese fin. Aunque el gobierno salvadoreño atribuye a esa política una fuerte caída en los homicidios, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones sin debido proceso y una concentración de poder alrededor del presidente. En ese contraste entre resultados exhibidos y costos institucionales es donde varios analistas sitúan la principal advertencia sobre una fórmula que gana terreno en la región, pero que sigue bajo escrutinio por sus efectos sobre la democracia y los controles del poder.