La salud mental infantil se ha convertido en una señal de alarma institucional en República Dominicana: según el módulo de Funcionamiento Infantil de la ENHOGAR 2025, alineado con estándares de la OMS y UNICEF, el 10.5% de los niños y niñas de 5 a 17 años padece al menos una dificultad en algún dominio del desarrollo o de las emociones. El dato coloca en primer plano un costo social que desborda el discurso y obliga a una vigilancia más estricta sobre la respuesta pública.
Dentro de ese panorama, la dificultad más frecuente es “mostrarse muy ansioso(a), nervioso(a) o preocupado(a)”, con una incidencia de 4.6% en la población infantil y adolescente evaluada. Le siguen los problemas para “controlar el comportamiento”, con 2.4%, y los menores que reportan sentirse “muy tristes o deprimidos”, con 1.8%. El contraste es revelador: las dificultades emocionales y psicológicas superan ampliamente a variables físicas como la dificultad para caminar, que registra 0.7%.
La concentración más alta de menores afectados aparece en la región Ozama o Metropolitana, donde el indicador alcanza 14.1%, mientras Cibao Noroeste reporta 4.5%. La brecha territorial refuerza la necesidad de fiscalizar si las prioridades públicas están respondiendo al deterioro real que viven las familias, especialmente en los entornos urbanos donde la presión social golpea con más fuerza.
El propio informe también advierte deficiencias alarmantes en los dispositivos de asistencia médica, un punto que agrava el cuadro y vuelve más evidente la distancia entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta. Cuando la ansiedad lidera las dificultades funcionales en la niñez, ya no se trata de una estadística aislada, sino de una advertencia sobre desgaste de gestión, servicios insuficientes y una deuda pendiente con la infancia que exige rendición de cuentas en lugar de complacencia.