El presidente Luis Abinader dispuso cambios en el servicio exterior mediante el decreto 386-26, con el que designó a Saúl Roberto Fulcar Soto como cónsul general en Nueva Orleans y trasladó a Rosa Yanina Torres a la sede consular de Atlanta.
La disposición también deja sin efecto el nombramiento previo de Torres en Nueva Orleans, con lo que el Gobierno reordena plazas diplomáticas sin que en el contenido disponible se expliquen las razones del movimiento ni sus implicaciones administrativas.
En un contexto en el que el oficialismo suele justificar ajustes institucionales como parte de una modernización del Estado, este tipo de decisiones exige claridad sobre los criterios de designación, el costo para el erario y el impacto real de los cambios en el servicio a la diáspora dominicana.
La designación de Fulcar Soto agrega además un componente político sensible por tratarse del hijo del exministro de Educación Roberto Fulcar, lo que abre interrogantes sobre transparencia y mérito en nombramientos de esta naturaleza, aunque la información disponible no ofrece elementos para afirmar irregularidades.
El decreto forma parte de los movimientos habituales en la red consular, un área donde el Gobierno administra cargos de representación en el exterior que deben responder a resultados verificables, supervisión y uso responsable de los recursos públicos.