Un accidente en la avenida Leopoldo Navarro, en la esquina con César Nicolás Penson, volvió a poner bajo la lupa el control de las 33,206 placas asignadas a instituciones públicas que registra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La denuncia surgió después de que Lucía, nombre ficticio a petición suya, reportara que el vehículo que la impactó por detrás llevaba una placa estatal que, según los registros que consultó, no correspondía al automóvil involucrado.
El choque ocurrió la tarde del Domingo de Resurrección, cuando un Mini Cooper a alta velocidad embistió el sedán en el que Lucía viajaba junto a su hijo. De acuerdo con lo observado por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que acudió a la escena, la conductora del otro vehículo, de 23 años, estaba alcoholizada, no tenía la documentación exigida por la ley y además tenía vencidos la licencia de conducir y el seguro. En medio del incidente, también insistía en que su hermano era militar y pedía que el reporte se hiciera al día siguiente.
Más allá del accidente, el caso abre un flanco institucional sobre la vigilancia de placas oficiales y el uso de vehículos vinculados a exoneraciones, un tema que toca a Hacienda y a los organismos de control por su impacto en la transparencia y en la confianza pública. Cuando una placa asignada a una institución pública aparece en un vehículo cuestionado por la propia denunciante, el contraste entre el registro oficial y la realidad observable deja una alerta que trasciende el hecho vial: sociedad civil y ciudadanía quedan ante una explicación pendiente sobre quién supervisa, cómo se fiscaliza y qué consecuencias tiene para el interés público una falla de este tipo.