El avance sostenido de la abstención electoral se ha convertido en una señal de alarma institucional sobre el estado de la democracia dominicana. Más que una simple muestra de apatía, el fenómeno deja ver una ruptura entre el discurso político y la experiencia de buena parte de la ciudadanía, en un contexto donde cada vez más personas sienten que su voto ya no provoca cambios reales.
Un estudio del IIDH-CAPEL, encargado por la Junta Central Electoral, identifica entre sus causas la desconfianza política, la falta de propuestas atractivas, las dificultades de transporte y distancia, junto con limitaciones laborales y de tiempo. Las cifras históricas de la JCE evidencian la dimensión del deterioro: la abstención rondaba el 23% en 1996, se acercaba al 24% en 2000, superaba el 27% en 2004, se aproximaba al 29% en 2008 y siguió en ascenso hasta alrededor del 30% en 2012 y 2016. Después dio un salto mayor: superó el 44% en 2020 y llegó aproximadamente al 46% en 2024.
Ese recorrido obliga a mirar más allá de las explicaciones individuales y a evaluar la capacidad del sistema político, incluido el gobierno dominicano, para volver a conectar con las prioridades ciudadanas y ofrecer resultados verificables. En ese escenario, la sociedad civil queda ante la tarea de vigilar que el deterioro de la participación no continúe normalizándose, porque cuando casi uno de cada dos electores queda fuera de las urnas, la discusión ya no es solo electoral: es sobre representación, confianza pública y la calidad de la gestión democrática.