La práctica de responder a la delincuencia con supuestos “intercambios” de disparos vuelve a dejar bajo la lupa al gobierno dominicano y la gestión de Luis Abinader. El texto señala que esa ha sido una de las salidas más fáciles asumidas por distintos gobiernos: dar vía libre a la Policía Nacional para actuar con “mano dura”, pese a que las ejecuciones extrajudiciales no han resuelto el problema de fondo. En el actual período de gobierno (2020–2025), el número de muertes reportado ya se aproxima a las 1,000 víctimas.
El señalamiento no se queda en el uso de la fuerza. También subraya el contraste entre el discurso y la realidad: los caídos provienen, en más del 95%, de hogares disfuncionales asentados en barrios marginados, golpeados por pobreza, falta de educación, desigualdad social, ausencia de clubes deportivos y negación de oportunidades de trabajo digno. La persistencia de ese patrón refuerza la alerta institucional sobre una política que castiga las consecuencias y deja intactas las causas sociales del delito.
El recuento histórico que va desde los años de Joaquín Balaguer hasta el período 1996-2026 sostiene que las muertes por “intercambios” suman miles en los últimos 30 años y, aun así, la delincuencia sigue latente. Ese balance reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre una fórmula de seguridad que se repite gobierno tras gobierno sin ofrecer una solución verificable. En ese debate, la oposición encuentra un flanco claro de fiscalización al poder: si la violencia estatal se acumula y el problema permanece, la promesa oficial de control queda enfrentada a sus propios resultados.