Haití entró en 2026 en una fase de deterioro que ya no permite respuestas coyunturales y que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad dominicana para enfrentar un riesgo estructural. Con pandillas que controlan entre el 80 y el 90 % de Puerto Príncipe, según la UNODC; con la salida, a fines de abril, del último contingente keniano de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad sin que se revirtiera el colapso; y con la OEA advirtiendo el 7 de mayo que la situación sigue siendo «altamente volátil», el desgaste del vecino país deja de ser un dato externo para convertirse en una presión directa sobre la frontera, la seguridad y la estabilidad nacional.
El panorama que se describe en Haití es el de un Estado funcionalmente ausente. La confederación de pandillas Viv Ansanm controla la capital y se ha apoderado de hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, carreteras y cementerios, al punto de que Puerto Príncipe pasa a ser presentada como la primera capital de América gobernada por grupos armados. El propio Gobierno haitiano reconoció ante el Consejo de Seguridad de la ONU «fallas estructurales en el aparato estatal, desde la gobernabilidad hasta el sistema de justicia», pero esa admisión no vino acompañada de un plan creíble de reconstrucción.
Para la República Dominicana, que comparte 376 kilómetros de frontera con Haití, el problema no puede limitarse a declaraciones ni a lecturas de corto plazo. La alerta internacional sobre el flujo de armas, formulada por la ONU tras ataques en Jean Denis que dejaron 70 muertos en una sola jornada, refuerza la dimensión regional de una crisis que exige vigilancia permanente, rendición de cuentas y decisiones medibles frente a sus efectos sobre la seguridad fronteriza, la migración, la economía informal y la política exterior dominicana.