La acusación formal por asesinato presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, sumada a una orden de arresto del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el expresidente Raúl Castro, vuelve a situar bajo la lupa la continuidad del poder en Cuba y las responsabilidades pendientes de una de las figuras centrales del régimen. Los cargos abarcan conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y otros dos por la destrucción de dos aeronaves, en alusión al derribo de las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
Pese a estar retirado de la vida pública, el texto afirma que Raúl Castro, de 94 años, continúa siendo percibido como el poder detrás del trono. Añade, además, que es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que conserva de por vida el rango de general del Ejército de las Fuerzas Revolucionarias. Ese contraste entre un retiro formal y una influencia que persiste refuerza la alarma sobre un sistema que, después de 67 años desde 1959, mantiene abiertas cuentas políticas e institucionales que el pueblo cubano todavía debe reclamar.
La eventual posibilidad de un arresto y una posterior extradición a EE. UU., donde enfrentaría más de 20 años de cárcel en un recinto federal de máxima seguridad, se presenta como un punto de inflexión. Más que una lectura celebratoria, el hecho deja en evidencia hasta qué punto la rendición de cuentas sobre el régimen cubano sigue llegando desde fuera, mientras dentro de la isla permanecen las estructuras que han sostenido su permanencia.