A tres años de la explosión de San Cristóbal y con el colapso del Jet Set todavía fresco, ambas tragedias vuelven a poner en tela de juicio la capacidad del Estado para aprender, corregir y prevenir. La cercanía entre los dos hechos no solo reabre el duelo, sino que también deja al descubierto la distancia entre la urgencia de cambios institucionales y los resultados que realmente se ven.
El avance de los procesos judiciales mantiene ese contraste. En San Cristóbal, el juicio continúa sin una sentencia definitiva varios años después; en el caso del Jet Set, aunque el trámite ha ido con mayor rapidez, apenas comienza la fase inicial del juicio de fondo. Esa demora prolonga el dolor de las víctimas y sus familiares y, además, disminuye el efecto disuasorio que deberían ejercer las leyes.
Los dos expedientes también evidencian debilidades que persisten en la fiscalización del cumplimiento de normas, con competencias no siempre claramente definidas, inspecciones insuficientes y hallazgos que no se convierten con la rapidez necesaria en medidas correctivas. A ello se suma la brecha entre legislación y aplicación: desde 2022 está vigente una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero muchos municipios aún carecen de los instrumentos y capacidades para hacerla cumplir. El resultado es una alerta institucional que sigue abierta: cuando la gestión no convierte las lecciones en prevención real, el costo termina recayendo sobre la ciudadanía.