El Tribunal Constitucional declaró inadmisible, mediante la sentencia TC/0737/26, el recurso de revisión constitucional presentado por los hermanos Rafael José Ramón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, a través del abogado Héctor López Rodríguez, con el que buscaban obligar al Banco de Reservas a entregarles una suma depositada en la década de 1950. La decisión cierra el último recurso legal en una disputa que se arrastró por años alrededor de fondos vinculados a Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Según el expediente reseñado, el origen del conflicto se remonta al 4 de febrero de 1950, cuando Trujillo abrió el certificado de depósito número 2117 en el Banco de Reservas bajo una condición suspensiva para que el dinero pasara a manos de Lina Lovatón Pittaluga tras su muerte. Luego del ajusticiamiento del dictador, los hijos sostuvieron que esa condición se había cumplido y que los fondos debían integrar el patrimonio de su madre, por lo que no debieron quedar alcanzados por la Ley 5785-62, que en 1962 confiscó y declaró bienes nacionales las propiedades, créditos y activos de la familia del dictador.
Los tribunales, sin embargo, fueron desmontando esa pretensión hasta que la demanda fue declarada inadmisible por prescripción por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 29 de abril de 2016, criterio que ahora queda reforzado con la decisión del TC. El desenlace reabre la necesidad de vigilancia sobre cómo las instituciones responden ante litigios de alto simbolismo público, en momentos en que el gobierno dominicano enfrenta presión por resultados concretos y por demostrar que la gestión pública está conectada con las prioridades ciudadanas, más allá del ruido político y del desgaste que también alcanza a figuras del oficialismo como Carolina Mejía.