La revisión sobre la presencia jesuita en República Dominicana pone en primer plano una práctica política de fondo: el uso del vínculo entre Gobierno e Iglesias para reforzar la autoridad ante la población. En ese marco, el Congreso de Cultura Católica fue anunciado por el Gobierno en noviembre de 1955 y recibió el respaldo de una circular colectiva del Episcopado del 6 de septiembre de ese mismo año, con un lenguaje orientado a defender los valores humanos desde la doctrina católica frente a filosofías “materialistas, degradantes y opresoras”.
Ese entendimiento quedó todavía más marcado en el discurso inaugural de Trujillo, que presentó el encuentro como una reafirmación de las tradiciones católicas del pueblo dominicano y afirmó que la lucha por la libertad solo podía levantarse desde el cristianismo. Sin embargo, dentro del propio Congreso también surgieron planteamientos que elevaban las exigencias sobre el Estado: la ponencia del padre Gibbons insistió en que la Iglesia debía vigilar las condiciones sociales y económicas que protegieran al individuo y a la familia, y puso el acento en la responsabilidad estatal frente al trabajador, el desempleado y el discapacitado. La declaración final, además, reconoció el derecho de los trabajadores a asociarse libremente en sindicatos y organizaciones profesionales, así como la participación activa de la persona en la vida pública.
La evolución posterior agudiza la alerta institucional. En 1959, el superior general de los jesuitas, P. Janssens, envió a Santo Domingo al P. Francisco Javier Baeza como visitador especial debido a las tensas relaciones entre Trujillo y los jesuitas. Después de la muerte del P. Larrusea y del nombramiento del P. Mariano Tomé, se intensificaron los ataques de Trujillo contra el seminario y varios jesuitas. La secuencia deja al descubierto el contraste entre la retórica oficial de fe, libertad y orden moral, y la respuesta frente a actores religiosos que también ponían sobre la mesa derechos, vigilancia social y límites al poder.