La imagen de crecimiento, estabilidad macroeconómica y expansión económica que ha mostrado la República Dominicana queda sometida a presión cuando salen a la luz fallas elementales del Estado. Pese a que el país ha reforzado su marco institucional y tiene una Constitución considerada entre las más avanzadas de la región, el propio desempeño de sus instituciones exhibe un contraste duro entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la realidad.
La Oficina Nacional de Defensa Pública, encabezada por Rodolfo Valentín, encontró en el destacamento policial del ensanche Felicidad, en Santo Domingo Este, a once personas con más de un mes privadas de libertad sin solicitud de medida de coerción y sin registro procesal en el Ministerio Público. En el destacamento de Vietnam, en Los Mina, aparecieron otros dos detenidos en condiciones semejantes. De corroborarse, estos hechos entrarían en conflicto con el artículo 40 de la Constitución, que prohíbe privar de libertad sin orden motivada de juez competente, salvo flagrante delito, y obliga a llevar al detenido ante la autoridad judicial en un plazo de cuarenta y ocho horas.
El caso somete a escrutinio a la Policía Nacional y al Ministerio Público, dos instituciones mencionadas en el texto por vulnerar la Constitución sin consecuencias, mientras el costo recae sobre los sectores más vulnerables. A esa alerta institucional se añade el frente económico: en 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) advirtió a las autoridades dominicanas sobre debilidades en los protocolos fitosanitarios. El cuadro refuerza una misma señal de desgaste de la gestión: cuando el Estado falla en derechos y controles, no solo se resiente la legalidad, también se compromete la competitividad del país.