La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó hasta el 30 de agosto el plazo para que el Estado dominicano responda a las conclusiones y recomendaciones del caso presentado por el abogado Ángel Lockward, quien afirmó haber sido víctima de una detención ilegal en 2003. El organismo ya envió al país un informe de fondo sobre el expediente 13.031, aprobado conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aguarda conocer qué acciones se han adoptado frente a la denuncia.
El expediente vuelve a situar bajo observación la capacidad de respuesta institucional del Gobierno dominicano ante señalamientos internacionales sobre derechos y legalidad. De acuerdo con el documento divulgado por Lockward, el informe fue remitido al Estado el 30 de junio, con dos meses para comunicar el cumplimiento de las recomendaciones. Con anterioridad, la Cancillería dominicana había pedido la caducidad del proceso ante la CIDH, pero esa solicitud fue rechazada, lo que deja abierto un escenario de mayor vigilancia sobre la actuación oficial.
Lockward asegura que fue privado de libertad sin orden judicial y recuerda que una decisión de la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal su arresto. Con esos antecedentes, la denuncia fue admitida por la CIDH y ahora corresponde al Estado determinar si ha adoptado medidas o si el expediente avanzará a una nueva etapa dentro del sistema interamericano. Aunque el informe de fondo y sus conclusiones continúan en reserva, el plazo establecido por la comisión marca el contraste entre el discurso institucional y la obligación concreta de rendir cuentas sobre resultados.