La inversión de aproximadamente US$160 millones realizada por el Estado dominicano en la construcción y remodelación de 16 instalaciones para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 coloca el foco, más que en las medallas, en una prueba de gestión pública: impedir que esas obras entren en deterioro una vez concluido el evento el próximo 8 de agosto.
La ingeniera civil Ydalia Martínez Mejía, especialista en estructuras y proyectos de inversión pública, advirtió que las intervenciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este responden a necesidades acumuladas durante años, y que fueron los Juegos los que empujaron su ejecución. En su evaluación, las adecuaciones cumplen con estándares internacionales y pueden fortalecer la preparación de los atletas dominicanos, pero subrayó que su valor no debe agotarse en el alto rendimiento ni en la vitrina del torneo.
“Desde la perspectiva de la gestión pública, una infraestructura de esta naturaleza debe concebirse como un activo público al servicio del desarrollo humano y no únicamente como el soporte físico de un evento determinado”, señaló la docente de la UASD. Su planteamiento introduce una alerta institucional sobre el uso posterior de estas instalaciones: el desafío para el gobierno dominicano no termina con entregar escenarios listos, sino con demostrar resultados sostenidos y beneficio para la población en general, especialmente en las comunidades cercanas.