La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) activó reclamos de vigilancia sobre un proceso que, lejos de cerrar dudas, ha expuesto exigencias de transparencia, respeto al debido proceso y eliminación de conflictos de interés en la cúpula judicial. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y las plataformas de veeduría de Participación Ciudadana coincidieron en pedir reglas claras y acceso a las actas de evaluación.
El punto de mayor tensión lo colocó el CARD, que advirtió sobre la “distorsión institucional” que implicaría la participación del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, dentro del CNM mientras pesan aspiraciones de continuidad en el tribunal. Su presidente, Trajano Potentini, pidió separar el rol constitucional del magistrado dentro del Consejo de cualquier interés de permanencia y reclamó preservar el equilibrio del proceso. En la misma línea de fiscalización, FINJUS subrayó que la evaluación de desempeño de los magistrados en funciones no equivale a un nuevo concurso ni a una expiración automática de sus períodos, por lo que insistió en un sustento estrictamente constitucional.
Frente a esos cuestionamientos, la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch defendió la oportunidad de la convocatoria y la independencia del órgano constitucional. Pero el cruce de posiciones dejó en primer plano una señal de alerta institucional: en un proceso llamado a fortalecer confianza, los reclamos de sociedad civil y gremios muestran que la legitimidad de las decisiones dependerá de cuánta rendición de cuentas ofrezca el CNM y de si logra despejar, con hechos, el contraste entre el discurso de institucionalidad y las dudas que ya rodean la evaluación.