La entrada en vigencia del nuevo Código Penal abre una alerta para el sector salud: las instituciones deberán contar con responsabilidad certificada y acreditación adecuada desde el punto de vista del Derecho Penal, en un escenario que, según advirtió el doctor Severo Mercedes, implica una redefinición completa del marco jurídico médico institucional y no un simple ajuste regulatorio.
Mercedes, jefe de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (RENACIP) y del departamento de Cirugía Plástica del Hospital Salvador B. Gautier, sostuvo que la actividad sanitaria combina una alta exposición a la falla humana, presión regulatoria e imputación penal directa. En ese contexto, señaló que el cumplimiento penal deja de ser un requisito regulatorio para convertirse en una condición de supervivencia institucional, mientras la responsabilidad penal de los directores de centros de salud será compartida con los consejos de administración, que también deberán supervisar y regular la práctica médica en los hospitales.
El especialista llamó a los médicos a prepararse para afrontar procesos judiciales, al considerar que los conflictos en la relación entre médicos y personas serán judicializados con mayor frecuencia en el país. La advertencia fue planteada durante la puesta en circulación del libro “Plan de Cumplimiento Penal para el Sector Salud”, del abogado y especialista en Derecho Médico Gilberto Objío Subero, y vuelve a colocar el foco sobre el costo institucional y social de llegar a un nuevo marco penal con sectores sensibles obligados a reaccionar bajo presión en vez de hacerlo con previsión y controles consolidados.