Una jueza del Distrito Nacional dio luz verde a Transcaribbean Energy Partner & Consulting (TEPC) para embargar bienes por US$5 millones contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Dynex Energy Group y Dynex Energy, en el marco de una querella por supuesto abuso de confianza. La decisión fue adoptada por Clara Luz Almonte, que acogió de manera parcial la petición y descartó el impedimento de salida solicitado por la parte querellante.
La controversia se concentra en un proyecto de generación térmica que, de acuerdo con los abogados de TEPC, nació de un acuerdo firmado en mayo de 2018 y que otorgaba a esa empresa la exclusividad como socio local, con una distribución de 55% para el querellante y 45% para Dynex sobre los recursos generados. La parte reclamante asegura que, aun después de 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por RD$15,098,495.04 y US$3,098,396.71, nunca recibió el 55% que le corresponde y que reclama desde hace seis años.
Dynex sostiene, por su parte, que se trata de un asunto “estrictamente civil” y que todavía está pendiente una decisión en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia desde 2010, a partir de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo. Más allá de esa disputa, la orden de embargo vuelve a colocar bajo observación un conflicto de alto impacto económico, en un escenario donde los litigios prolongados contrastan con cualquier discurso de normalidad y estabilidad en la gestión de proyectos estratégicos.