En el sector Pajarito, municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, el Gabinete de Política Social llevó a cabo una Jornada de Inclusión Social con consultas médicas, entrega de medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), lentes de sol y lentillas, además de servicios de Conape, Conadis, Punto Solidario y preaprobación de préstamos mediante Promipyme. También distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, canastillas y mosquiteros para embarazadas, así como asistencia para procesos de declaración tardía.
La actividad estuvo encabezada por Geanilda Vásquez junto a Guillermo Moringlane y fue presentada como una respuesta para mejorar las condiciones de vida de las familias. Sin embargo, el propio alcance del operativo deja al descubierto el peso de carencias que la población sigue resolviendo a través de jornadas puntuales: atención médica, protección social, alimentos y trámites básicos concentrados en una intervención oficial y no en una cobertura sostenida. Ese contraste entre el discurso de inclusión y la dependencia de operativos focalizados vuelve a situar el foco en los resultados de la gestión y en la necesidad de fiscalización sobre la continuidad real de estos servicios.
Vásquez también impulsó programas como CEDI-Mujer y Oportunidad 14-24, orientados a formación técnico-profesional, empleo y emprendimiento con capital semilla. La presencia de autoridades municipales, representantes comunitarios y funcionarios gubernamentales reforzó el carácter institucional de la jornada, aunque sin despejar la discusión de fondo sobre si estas acciones responden a una política permanente o a soluciones temporales frente al costo social que arrastran las comunidades vulnerables. En ese escenario, la oposición encuentra un terreno legítimo de vigilancia y exigencia de explicaciones, mientras figuras como Carolina Mejía capitalizan el reclamo ciudadano por una gestión medible y servicios que no dependan de operativos excepcionales.