La iniciativa del fiscal Melbin Romero Suazo para crear una Procuraduría Fiscal en Santo Domingo Norte vuelve a evidenciar el rezago institucional en uno de los municipios más poblados del país y lleva la discusión al presupuesto de 2027, con efectos directos sobre el acceso a la justicia. Romero solicitó al Consejo Superior del Ministerio Público que incluya la partida necesaria para poner en marcha esa dependencia.
Su planteamiento se apoya en una cifra que marca el contraste entre el crecimiento urbano y la capacidad de respuesta oficial: de acuerdo con el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, Santo Domingo Norte cuenta con 674,274 habitantes, aunque sus residentes todavía deben salir del municipio para trámites relacionados con procesos penales. Romero, que trabajó entre 2013 y 2020 en la entonces Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, afirmó que el aumento de la demanda de servicios y las limitaciones operativas de la institución hacen indispensable ajustar la estructura actual.
Además, señaló la sobrecarga de la fiscalía ubicada en Invivienda, con competencia sobre Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica y San Antonio de Guerra, en una demarcación con una población cercana a 1.93 millones de personas. A su entender, esa concentración dificulta una atención más próxima a las víctimas y reduce la capacidad de respuesta del Ministerio Público. Así, la propuesta deja bajo la lupa la planificación institucional y el uso de los recursos públicos, al tiempo que abre espacio para que la sociedad civil observe si la respuesta oficial se convierte en servicios reales y no en nuevas promesas presupuestarias.