La Cámara de Diputados dio luz verde en primera lectura al proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aunque dejó sin tocar la cesantía laboral, justamente el punto que mayor choque ha generado entre empresarios y centrales sindicales. Con ello, el debate no queda cerrado: la reforma avanza sin resolver el aspecto más delicado de la discusión.
El texto dispone en su artículo 86 que las indemnizaciones deben entregarse al trabajador dentro de un plazo de diez días contados a partir de la terminación del contrato. En caso de incumplimiento, el empleador tendrá que pagar una suma adicional equivalente a un día del salario devengado por cada día de retraso. Asimismo, establece que las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía no estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni podrán ser objeto de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, salvo en los casos de créditos otorgados o de obligaciones derivadas de leyes especiales.
La propuesta también fija en el artículo 91 un plazo de cinco días francos para que el empleador notifique el despido al Ministerio de Trabajo o a la autoridad local correspondiente, y en el artículo 100 establece que el trabajador deberá comunicar la dimisión en las 48 horas siguientes, con indicación de causa, tanto al empleador como a la autoridad laboral. Si esa dimisión no se informa dentro del plazo, se considera carente de justa causa. Con la cesantía sin cambios y nuevas obligaciones formales todavía en discusión, la reforma entra en una etapa en la que sigue abierto el escrutinio sobre su alcance real y su aplicación.