La muerte de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, «Miguelito», luego de permanecer cinco días detenido en un destacamento de San Cristóbal, llevó este lunes la disputa a un plano de mayor presión institucional. Sus familiares pidieron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que designe un equipo independiente para investigar el caso, al sostener que no hay garantías de una pesquisa objetiva desde la Fiscalía de San Cristóbal.
Con el respaldo de abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, los parientes depositaron una instancia en la sede de la Procuraduría General de la República. En ese documento cuestionan el proceder de las autoridades locales y exigen una investigación «exhaustiva, imparcial e independiente». Los representantes legales afirman que Valenzuela pasó alrededor de 100 horas y media detenido antes de ser presentado ante un juez, pese a que la Constitución establece un máximo de 48 horas. «Se le violaron todos sus derechos fundamentales y todas las disposiciones legales», sostuvieron.
Valenzuela fue arrestado el 8 de julio y conducido al destacamento policial conocido como «La 17». Según informaciones ofrecidas antes por el Ministerio Público, fue liberado el 13 de julio, cuando sus familiares lo llevaron al Hospital Regional Juan Pablo Pina porque estaba sin fuerzas. La familia también rechazó la versión preliminar que relacionó la muerte con leptospirosis y pidió que la intervención de la Procuraduría se mantenga distante de las autoridades locales, en un caso que pasó de una explicación oficial a una exigencia de rendición de cuentas.