A poco más de 24 horas de que cierre el plazo para inscribir candidaturas de cara a las elecciones locales del 29 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador dispuso la suspensión provisional del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), una de las plataformas políticas asociadas al sector liderado por Rafael Correa. La medida fue adoptada a pedido de la Fiscalía, dentro de una investigación por un presunto caso de lavado de activos, y el juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez ordenó que la organización quede suspendida durante nueve meses.
Además, el magistrado otorgó tres días al Consejo Nacional Electoral para ejecutar la disposición y notificar su cumplimiento. La resolución irrumpe en un momento decisivo para la oposición correísta, que buscaba afianzar su presencia en los comicios locales. En lo inmediato, el efecto es político: una organización utilizada por sectores cercanos al exmandatario queda fuera de competencia justo cuando vence el plazo de candidaturas, lo que agudiza las tensiones sobre el papel de las autoridades electorales y judiciales.
Correa reaccionó calificando la decisión de “escandalosa” y sostuvo que “No existe información, no existen hechos, no existen derechos, no existe ley”. En la misma línea, Luisa González acusó al presidente Daniel Noboa de concentrar sus esfuerzos en la persecución política y cuestionó la gestión oficial frente a la inseguridad. Con ese intercambio, la suspensión deja de ser solo una resolución judicial y pasa a convertirse en un nuevo foco de fiscalización sobre el uso del poder institucional en plena carrera electoral.