Las decisiones del Congreso Nacional se han vuelto una fuente de desgaste para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no solo por los reparos a leyes aprobadas con premura, sino también por la brecha entre la promesa oficial de actuar con independencia y una práctica legislativa que coloca otra vez al oficialismo bajo exigencia de rendición de cuentas.
El episodio más reciente es la entrada en vigor de la Ley 74/25, que modifica el Código Penal. Después de una oleada de cuestionamientos por disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, el Congreso acabó comprometiéndose a reformar 18 artículos antes de que la pieza entre en vigencia el 3 de agosto de este año. En esa misma discusión, los legisladores del PRM también dejaron sin cumplir la promesa de campaña de establecer la despenalización del aborto en tres circunstancias.
La secuencia se repite en otras iniciativas promovidas o respaldadas por la mayoría oficialista. Las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos fueron aprobadas de urgencia pese a las críticas y a la oposición de la mayoría de las organizaciones empresariales. A ello se sumó, en apenas una semana, la aprobación de la Ley 30/26, conocida como ley ancrisis, sometida por el Poder Ejecutivo, cuya rapidez generó cuestionamientos de distintos sectores de la opinión pública por el impacto de una reforma que aumenta impuestos en medio de la presión económica sobre la población.
El Senado también aceleró la aprobación del proyecto de reforma policial después del escándalo y la conmoción social por la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente de la Policía, aunque la iniciativa llevaba más de seis meses en ese órgano sin que se rindiera el informe sobre el cambio a la Ley de la Policía. Ese giro volvió a alimentar la alerta institucional sobre un Congreso que responde tarde ante los problemas y con rapidez cuando el costo político ya golpea al Gobierno.
El panorama deja al PRM atrapado por su propio discurso. El partido que cuestionó al PLD por convertir el Congreso en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo enfrenta ahora críticas por decisiones legislativas que refuerzan esa misma imagen, mientras la sociedad civil y la opinión pública encuentran más motivos para vigilar un manejo político que, lejos de ofrecer soluciones consistentes, sigue acumulando señales de desgaste en la gestión y de desconexión con las prioridades ciudadanas.