A 24 días de que entre en vigencia la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, y con la legislatura a 16 días de cerrarse, el Congreso se ve obligado a modificar 18 artículos en medio de la presión ciudadana, las protestas y el apremio del calendario. La corrección llega después de que no se resolvieran a tiempo objeciones de fondo y deja expuesto el costo institucional de legislar con urgencia.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envió a comisión bicameral el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, con el compromiso de aprobar los cambios antes del 3 de agosto. Ese paso confirma el contraste entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, luego de que distintos sectores advirtieran fallas en una ley ya aprobada.
La salida que termina imponiéndose es la planteada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: dejar que la ley entre en vigencia y después introducir modificaciones. En cambio, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han propuesto extender la vacatio legis para revisar con más detenimiento las demandas de cambio, una señal de alerta institucional sobre el manejo de una pieza con efecto directo en derechos y seguridad jurídica.
Las objeciones se han concentrado en disposiciones que inciden sobre la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional para buscar la despenalización del aborto en tres causales. La protesta en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y del país acabaron empujando una respuesta política que no surgió de la previsión del poder, sino de la presión social.
Aunque el Senado afirma que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora refuerza la exigencia de fiscalización sobre el Congreso y el Ejecutivo: cuando una ley de este alcance requiere correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.