Con 23 votos favorables y en segunda discusión, el Senado de la República aprobó este viernes el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, iniciativa que pasa ahora a la Cámara de Diputados y después al Poder Ejecutivo. La decisión no cierra el debate: más bien vuelve a situar sobre la mesa la exigencia de vigilancia a una reforma que el Gobierno presenta como modernización, aunque nace en medio de fallas graves dentro del cuerpo del orden.
Impulsada por el Gobierno dominicano como parte de su proceso de transformación policial, la propuesta busca reforzar la institucionalidad, elevar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. Aun así, el contenido mismo del proyecto deja ver la dimensión del problema que sigue bajo examen del Congreso: endurece los requisitos para los principales cargos de dirección y establece un régimen disciplinario más severo frente a conductas irregulares que abarcan corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre los cambios introducidos, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con título de maestría y acreditar competencias profesionales acordes con sus funciones. También se separan las funciones de investigación y decisión de las faltas, bajo el argumento de asegurar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, un ajuste que refuerza la señal institucional sobre debilidades que hasta ahora han exigido corrección legal.
El proyecto, además, amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más duras para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso tenga que sacar adelante una reforma de esta magnitud para castigar con más rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a colocar el debate donde más pesa para la ciudadanía: no en el discurso de cambio, sino en la capacidad real del Estado para hacer cumplir controles, rendir cuentas y evitar que la reforma termine reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.