Puerto Príncipe.- Cinco años después del asesinato de Jovenel Moïse, Haití continúa mostrando con crudeza lo que sucede cuando la crisis política termina por imponerse a las instituciones y las respuestas del poder no alcanzan para frenar el deterioro. El magnicidio del 7 de julio de 2021 no marcó un cierre, sino una profundización de la fractura que hoy se expresa en inestabilidad, vacío institucional y un desgaste acumulado para la población.
Moïse fue asesinado en su residencia privada en Pétion-Ville por un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos. Por ese caso, hasta ahora hay nueve personas condenadas en Estados Unidos. Documentos judiciales sitúan la conspiración entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida, señalado como centro de planificación y financiamiento de un complot para derrocar al mandatario y sustituirlo por alguien alineado con intereses políticos y económicos de los conspiradores. Las autoridades estadounidenses señalaron que el plan fue presentado al inicio como una operación de arresto legal con respaldo de agencias de ese país, pero, según testimonios, terminó derivando en el asesinato tras fallidos intentos de captura.
El crimen ocurrió sobre una crisis política que ya estaba abierta. Haití no celebra elecciones desde las presidenciales del 20 de noviembre de 2016, ganadas por Moïse con el Partido Haitiano Tet Kale, después de que unos comicios previos fueran invalidados por el Consejo Electoral Provisional en medio de acusaciones de fraude masivo. Durante su mandato también hubo violentas protestas que exigían su dimisión, en un escenario marcado por crisis económica y señalamientos de corrupción.
La erosión institucional ya había dado otra señal de alarma en enero de 2020, cuando el Poder Legislativo quedó clausurado por la expiración del mandato de los senadores, tras no celebrarse las elecciones legislativas previstas para octubre de 2019. Ese antecedente, sumado al asesinato del presidente, dejó al país más expuesto a una crisis sin arbitrajes sólidos y con un costo social que sigue en aumento.
Cinco años más tarde, la principal evidencia no es una recuperación, sino el contraste entre la necesidad de estabilidad y la persistencia del desorden. La trayectoria de Haití desde el asesinato de Moïse confirma que, sin instituciones en funcionamiento, elecciones pendientes y una rendición de cuentas real, la crisis no se administra: se agrava.