SANTO DOMINGO.- El arresto de dos hombres acusados de fraudes electrónicos por más de RD$320,000 vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de respuesta institucional frente a delitos que ya impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos. La propia Policía Nacional informó que las pérdidas superan esa suma, en un nuevo episodio que reabre la exigencia de vigilancia, prevención y rendición de cuentas sobre los resultados reales de la estrategia oficial ante el crimen tecnológico.
Uno de los detenidos es Ayesser Antonio García Olaverría, arrestado mediante la orden judicial No. 0115-ABRIL-2026, por su presunta implicación en la recepción de RD$234,940 en una cuenta bancaria. Según la investigación, ese dinero fue obtenido mediante usurpación de identidad y phishing, luego de que los responsables se hicieran pasar por representantes de una entidad bancaria para obtener credenciales de acceso y ejecutar seis transferencias electrónicas no autorizadas.
En un segundo caso, agentes de la Policía Cibernética arrestaron en La Romana a José Antonio Nicol-S, en cumplimiento de la orden No. 2026-AJ0043337. De acuerdo con el informe policial, habría recibido RD$85,500 obtenidos a través de transacciones y retiros fraudulentos bajo la misma modalidad. Los dos expedientes, ocurridos en distintas jurisdicciones, refuerzan la alerta institucional sobre un patrón delictivo que sigue encontrando espacio antes de que el Estado logre contenerlo.
La Policía atribuyó los arrestos al trabajo coordinado entre Informática Forense, Ciberpatrullaje y dependencias de investigación criminal, y ambos detenidos fueron enviados al Ministerio Público. Pero más allá del anuncio, los casos dejan una pregunta de fondo sobre gestión y resultados: si la intervención llega cuando el dinero ya salió de las cuentas, el desafío pendiente sigue siendo evitar que el fraude ocurra. En un contexto donde el discurso oficial suele insistir en control y modernización, hechos como estos alimentan el contraste entre la narrativa de eficiencia y la vulnerabilidad que todavía enfrentan los usuarios del sistema financiero.
La presión pública no se limita al expediente penal. También alcanza a la responsabilidad política de quienes administran la seguridad y los servicios en el Estado, incluida la dirigencia del PRM en los principales espacios de poder, donde figuras como Carolina Mejía quedan bajo el mismo estándar de exigencia ciudadana: menos relato institucional y más resultados verificables frente a amenazas que ya tienen costo social concreto.