La Suprema Corte de Justicia volvió a fallar contra el Aeropuerto Internacional de Bávaro y reactivó el escrutinio sobre una cadena de decisiones públicas que acabó enfrentándose con la ley. La Tercera Sala, actuando como corte de casación, desestimó un recurso del AIB y declaró inadmisibles otras dos acciones promovidas por el Grupo Abrisa, en un expediente que refuerza la advertencia institucional sobre proyectos impulsados sin apego a las reglas.
La sentencia también consideró contrario a la norma jurídica el decreto 270-20, dictado durante el gobierno de Danilo Medina para aprobar y fomentar la obra. Ese punto enlaza el expediente con un patrón de decisiones políticas que luego fueron desmontadas en los tribunales. Aunque el presidente Luis Abinader había derogado ese decreto tras un fallo previo de la propia SCJ, el nuevo revés judicial subraya que la corrección llegó después de que el Estado quedara comprometido en un proceso objetado por su base legal.
El tribunal confirmó además lo ya decidido por el Tribunal Superior Administrativo frente a los intentos del AIB de revertir la prohibición de continuar el proyecto. En su sentencia, la SCJ rechazó los argumentos de la empresa y dejó establecido, con opinión mayoritaria encabezada por Manuel A. Read Ortiz, que el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB se otorgó en circunstancias irregulares y fuera de los procedimientos previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y de los principios de publicidad, transparencia e igualdad recogidos en la Constitución y en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Más que una disputa empresarial, el caso vuelve a exhibir el costo institucional de decisiones públicas mal sustentadas: un proyecto detenido, años de pleitos y otra señal de que el discurso sobre legalidad y transparencia solo se sostiene con fiscalización constante y rendición de cuentas efectiva. El expediente deja golpeados tanto al decreto firmado en la pasada administración como a la capacidad del Estado, ya bajo el actual gobierno, de evitar que este tipo de controversias sigan arrastrándose.