La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por provocarle la muerte de un disparo, centrara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en el temor por su seguridad. Más allá de esa versión, el hecho reactiva el contraste entre el discurso oficial sobre la reforma y la permanencia de episodios de alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca tuvo la intención de desencadenar una tragedia durante el desempeño de sus funciones. Al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista afirmó además que su defendido tenía incluso la intención de pedir disculpas públicas a los familiares de la víctima.
La defensa añadió que Moreta Heredia teme por su integridad física debido a la indignación social que ha generado el caso, por lo que pidió su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, ese planteamiento no aparta la interrogante de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor del accionar de un agente, el expediente se convierte en otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con la narrativa oficial. En un escenario en el que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en exhibir cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.