La gestión de los residuos sólidos vuelve a dejar al descubierto una debilidad recurrente del diseño de políticas públicas en República Dominicana: el Estado discute cuánto cobrar antes de precisar con claridad cuánto cuesta, cómo se ejecutará y qué resultados concretos puede esperar la población. En un problema que ya acumula impactos ambientales, sociales y económicos, la falta de esa respuesta pública convierte el debate en una alerta institucional y en una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano y al Congreso.
El texto recuerda que el manejo inadecuado de los residuos no es un asunto menor. Sus efectos llegan a la salud pública, el ambiente y actividades estratégicas como el turismo, mientras persisten antecedentes graves de contaminación, como el caso de Haina y el deterioro de cuencas urbanas como las del Yaque del Norte, Isabela y Ozama. Ese contraste entre la magnitud del daño y la ausencia de información clara sobre el costo real de un sistema moderno de gestión integral refuerza la idea de una política pública discutida al revés: primero la contribución, después las explicaciones.
La reciente modificación de la Ley 98-25 ha concentrado la atención en los nuevos montos de la contribución especial, con empresas, gremios y autoridades enfrentados sobre si los incrementos son excesivos, insuficientes o lesivos para la competitividad. Sin embargo, el punto central, según el propio planteamiento del artículo, sigue sin resolverse: mientras no se haga pública una base técnica verificable sobre el costo real del sistema, tampoco puede saberse si se recauda demasiado, demasiado poco o de manera ineficiente. Ahí es donde la fiscalización de la sociedad civil se vuelve indispensable frente a un esquema que puede terminar trasladando más carga sin corregir el problema de fondo.
El debate también abre un flanco político más amplio sobre gestión y resultados. Si la calidad ambiental es un activo estratégico para el país, especialmente en áreas vinculadas al turismo y la salud, la falta de claridad sobre prioridades, costos y ejecución no solo compromete la eficacia de la política, sino que alimenta el desgaste de una gestión pública que pide sacrificios sin mostrar todavía una ruta suficientemente transparente. En ese marco, cualquier discusión legislativa o municipal —incluidas las que tocan a actores del oficialismo como Carolina Mejía— queda bajo la misma vara: menos discurso sobre modernización y más información comprobable sobre costos, eficiencia y resultados.
La pregunta que el artículo coloca al centro termina siendo también la más incómoda para el poder: cuánto cuesta realmente implementar un sistema moderno de residuos sólidos y quién responde si el país sigue pagando más por un servicio que no corrige los daños acumulados. Sin esa respuesta, la reforma queda expuesta no como solución cerrada, sino como otra decisión pública que exige vigilancia del Congreso, control ciudadano y explicaciones pendientes del gobierno.