La más reciente comunicación del Banco Central deja a la vista una contradicción difícil de soslayar: mientras se subraya el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y las previsiones de expansión, el aumento del costo de vida queda relegado a un segundo plano. No parece solo un problema de enfoque; la desproporción revela una prioridad oficial alejada del gasto real que soportan los hogares.
Los datos del propio organismo apuntan en otra dirección. En mayo de 2026, la inflación interanual llegó a 5.35 %, la acumulada a 1.50 %, la mensual a 0.31 % y la subyacente a 4.86 %. Con ello, la inflación se mantuvo por segundo mes seguido por encima del techo del rango meta fijado en 4 %, más o menos 1 %, una señal que recorta el ingreso real y desmiente cualquier intento de convertir el problema en un asunto menor dentro del relato económico.
La canasta básica también continuó encareciéndose. Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36, para un aumento de RD$534.08, equivalente a 1.1 %. En el papel puede parecer moderado; en la práctica implica pagar más por lo mismo y, en muchos casos, desembolsar más para llevar menos. Además, el impacto se extendió a toda la estructura social: se registraron aumentos en todos los quintiles de ingreso, con alzas mayores en la región este, donde la canasta subió RD$681.43; en la región norte, RD$591.94; y en la región Ozama, RD$552.34.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y señaló que la misión del FMI proyecta un crecimiento cercano a 4 % para 2026. Ambas referencias pueden coexistir, pero justamente ahí surge la alerta institucional: una economía no se evalúa solo por el tono optimista de sus informes, sino por su capacidad de proteger el poder de compra. Cuando el mensaje oficial privilegia la vitrina macroeconómica y deja en un párrafo el deterioro del consumo básico, lo que corresponde no es la celebración, sino la fiscalización.
Esa distancia entre discurso y realidad profundiza el desgaste de la gestión económica: si el costo de vida sube en todo el país y para todos los niveles de ingreso, la discusión pública no puede seguir atrapada en indicadores que no alivian la compra de alimentos ni corrigen la presión sobre los hogares. La prioridad ciudadana está en los precios, y cualquier narrativa que intente desplazar ese dato central solo refuerza la necesidad de rendición de cuentas sobre resultados concretos, no sobre expectativas.