Las denuncias de integrantes del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) vuelven a colocar a esa institución en el centro de la fiscalización pública por la forma en que responde ante los ciudadanos: de acuerdo con los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia tuvo que enfrentar un trato hostil durante el proceso, una diferencia marcada entre la obligación institucional de actuar con dignidad y lo que se ha denunciado.
Emilio Fernández afirmó que, desde el primer momento, los familiares recibieron un manejo insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, dijo, al señalar falta de comunicación y humanidad en un instante de duelo.
A su vez, Orestes Amador escribió en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver impidieron a la familia despedirse de su ser querido de manera digna. También consideró la situación inaceptable y pidió aclarar qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del episodio concreto, los señalamientos apuntan a un problema institucional: la necesidad de revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a los familiares que llegan al Inacif en medio del dolor. Los actores reclamaron que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido, establezcan responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Por ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio alimenta la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se encuentra con instituciones cerradas, sin información y lejos de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.