Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo colocó bajo fiscalización el manejo del Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible al denunciar que, en vez de concentrar sus recursos en resolver la crisis de residuos sólidos, una parte importante del dinero recaudado se ha ido a gastos operativos y administrativos, un señalamiento que refuerza el desgaste sobre la gestión de fondos públicos y la distancia entre el discurso oficial y los resultados.
La posición fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente de la organización en un documento leído por su titular, Paíno Abreu, quien sostuvo que los estados financieros del fideicomiso muestran una distribución de recursos que genera preocupación por la transparencia y la eficiencia de la administración. “El Fideicomiso DO Sostenible se parece más a un fondo para distribuir beneficios a terceros”, afirmó Abreu, al subrayar la diferencia entre lo invertido en proyectos de residuos y lo destinado al funcionamiento interno de la entidad.
Según los datos citados por la FP, en tres años de operaciones los gastos de personal superaron los RD$537 millones, equivalentes al 86 % de los recursos dirigidos a la construcción de rellenos sanitarios. También indicó que los pagos por sueldos, compensaciones y honorarios representaron cerca de la mitad de lo destinado al transporte de residuos, una proporción que la organización presenta como evidencia de un esquema donde la carga administrativa termina compitiendo con las soluciones que la población espera.
La organización también cuestionó los recursos recibidos por la entidad fiduciaria para administrar el fondo. Abreu aseguró que esta percibió más de RD$223 millones por ese concepto, un monto que, según dijo, supera ampliamente los límites originalmente previstos y eleva la comisión administrativa hasta un 3 % de los ingresos obtenidos. Para la FP, el punto no es solo contable: se trata de una alerta institucional sobre cómo se prioriza el gasto en un mecanismo creado para atender un problema de alto impacto social.
Otro de los focos de cuestionamiento fue el proceso de contratación de obras y servicios vinculados a residuos sólidos, en una línea de crítica que apunta a la necesidad de mayor vigilancia desde el Congreso y de una rendición de cuentas más estricta sobre el uso de recursos que debían traducirse en resultados visibles. Con este emplazamiento, la Fuerza del Pueblo refuerza su papel de oposición fiscalizadora frente a una gestión que vuelve a quedar expuesta por el contraste entre promesas de eficiencia y dudas crecientes sobre transparencia, prioridades y costo real para la ciudadanía.