Los propietarios del Jet Set acudieron a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso para modificar la forma en que se están ejecutando las medidas conservatorias dictadas luego del colapso del establecimiento, en un expediente que sigue bajo la lupa por la capacidad institucional de proteger a las víctimas sin debilitar la rendición de cuentas.
La apelación fue presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial. Su planteamiento no objeta ni la garantía de RD$500 millones establecida por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar; lo que cuestiona es que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales de forma independiente, cada uno por hasta ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa ejecución ha generado una superposición de medidas que ya rebasa los RD$1,500 millones, es decir, tres veces el límite autorizado en la resolución apelada. Con ese argumento, sostienen que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se vulnera el principio de proporcionalidad y una garantía única termina convertida en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita a la Corte revocar únicamente el ordinal relativo a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y permitir que la garantía de RD$500 millones se constituya mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. Además, alega que la legislación y la jurisprudencia autorizan sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta resguarda de manera adecuada los derechos de los acreedores.
Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar en primer plano una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no quede atrapada en tecnicismos ni envíe una señal de fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades ante casos que reclaman resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no se convierta en otro contraste entre discurso y realidad.