El más reciente informe de la Superintendencia de Bancos dibuja un escenario favorable para el crédito destinado a las mipymes, pero sus datos también dejan una advertencia institucional: la aceleración del financiamiento no elimina los desequilibrios por tamaño de empresa ni por territorio, por lo que el panorama no puede leerse como una mejora uniforme.
Al cierre de abril de 2026, la cartera comercial dirigida a mipymes llegó a RD$576,837 millones, lo que representa el 44.2% del saldo de la cartera comercial privada del sistema financiero nacional. El reporte registra un aumento interanual nominal de 9.1% y de 3.8% en términos reales, además de una baja en los costos financieros y una relativa estabilidad en los indicadores de riesgo. Aun así, ese avance convive con señales que obligan a revisar el impacto real sobre la economía productiva.
La heterogeneidad aparece como uno de los principales elementos a considerar. Las medianas empresas lideraron la expansión con un crecimiento real de 12.5% y las microempresas avanzaron 6.7%, mientras que las pequeñas empresas y la categoría “Otros Pyme” anotaron contracciones reales de -5.6% y -5.8%, respectivamente. Aunque el informe habla de una recuperación de las pequeñas empresas tras meses previos y resalta un alza de 2.1% en el número de deudores únicos, la distancia entre el cuadro general y el comportamiento de cada segmento sigue siendo evidente: no todos reciben el mismo impulso.
La otra señal crítica está en la distribución del crédito. La región Metropolitana concentra el 55% de la cartera total, seguida por la región Norte con 25.7%, en tanto la región Este registró la mayor expansión interanual del saldo adeudado, con 66.9%. Esa diferencia confirma que el acceso al financiamiento sigue condicionado por una asignación desigual, con efectos directos sobre las oportunidades, el empleo y la capacidad de resistencia de miles de negocios fuera de los principales polos.
Si el crédito a mipymes aspira a mostrarse como un verdadero soporte para la economía, no alcanza con exhibir crecimiento agregado. El propio informe oficial obliga a mirar con atención quiénes quedan rezagados, cuánto pesa la concentración territorial y si la mejora reportada se convierte en alivio efectivo para las unidades productivas más vulnerables, en lugar de quedarse en una fotografía favorable para el discurso.