La negativa parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte imputado en una red de sobornos, vuelve a encender alertas sobre cómo una estructura de cobros ilícitos alcanzó instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. No se trata solo de un incidente procesal: la decisión judicial mantiene vigente la exigencia de fiscalización sobre un expediente que toca servicios públicos esenciales y desplaza otra vez el foco hacia las explicaciones pendientes del aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas rechazó en parte la petición del imputado para recuperar bienes retenidos durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo señaló que la magistrada consideró que esos efectos podrían ser objeto de decomiso más adelante y que no estaba en posición de ordenar su devolución. El órgano acusador afirmó, además, que no se opuso a entregar objetos sin valor para la investigación, aunque no precisó cuáles eran, y tampoco se detallaron los efectos cuya restitución fue rechazada.
Fernández Espinal, vinculado a la red que habría afectado a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, figura entre los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese elemento agrava la dimensión institucional del caso, porque no se trata únicamente de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, áreas en las que cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la magnitud institucional del caso y sostiene la demanda de rendición de cuentas en un escenario en el que el oficialismo ha intentado preservar un relato de pulcritud mientras continúan apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa esté entre las entidades impactadas añade un frente especialmente sensible para la ciudadanía, porque conecta la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese marco, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser solo judicial y pasa también a ser política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve aún más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.