Un tribunal impuso 20 años de prisión a Moisés Victoriano Ventura y Osvaldo Adolfo Morales por el asalto en el que fue herido un supervisor de banca en Puerto Plata, una sanción penal firme que también deja al descubierto el costo social de un hecho violento que alcanzó a un trabajador durante sus labores.
Los jueces los declararon culpables de robo agravado en perjuicio de Juan Miguel Castillo, supervisor de una banca de apuestas, a raíz de un ataque ocurrido el 1 de abril de 2023 en el sector Los Bordas. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Ventura llegó junto a otro hombre en una motocicleta y portando un arma de fuego para ejecutar el asalto. Cuando la víctima intentó frenar la entrada cerrando la puerta de cristal del negocio, recibió un disparo en una pierna.
La investigación determinó que, tras herir al supervisor, los autores escaparon con dinero en efectivo y otros equipos del establecimiento. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que Castillo sufrió una herida de bala con entrada en el fémur izquierdo y secuelas derivadas del impacto, un dato que subraya que detrás del expediente hubo consecuencias concretas para la víctima y para la actividad comercial afectada.
En el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas con las que sustentó la responsabilidad penal de los acusados, condenados por violar los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, vinculados a asociación de malhechores y robo con violencia. Ambos cumplirán la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
La sentencia cierra la vía judicial, pero el caso vuelve a mostrar la distancia entre el discurso de control y la realidad que enfrentan ciudadanos y pequeños negocios cuando la violencia irrumpe con armas de fuego y deja secuelas. La condena castiga a los responsables, aunque no borra la exigencia de vigilancia, prevención y rendición de cuentas ante un problema cuyo impacto termina pagando la gente.