El Servicio Regional de Salud Ozama salió al paso de un reportaje sobre gasto estatal al aclarar que no todos los ocho contratos de alquiler señalados corresponden a almacenes, como se había interpretado en la publicación.
Según la entidad, de esos ocho alquileres solo uno está destinado a un almacén, mientras que los otros siete funcionan como centros y oficinas de supervisión. La precisión intenta matizar el alcance de los contratos, aunque no despeja por completo la necesidad de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos comprometidos en esos arrendamientos.
La aclaración se produce luego de una publicación sustentada en datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, lo que coloca el foco no solo en la denominación de los espacios, sino también en la transparencia del gasto, el costo de cada contrato y la utilidad concreta que ofrecen para el servicio regional.
En anuncios y contrataciones de este tipo, la obligación institucional no se limita a explicar la naturaleza de los inmuebles. También debe precisarse cuánto cuesta cada alquiler, qué necesidad operativa cubre, por cuánto tiempo se contrataron los locales y qué resultados medibles generan para la atención y la supervisión del sistema de salud en la zona.
Hasta ahora, la información divulgada permite distinguir entre almacén, centros y supervisiones, pero deja abierto el examen público sobre si esa distribución responde a una planificación eficiente y verificable del gasto estatal. En un contexto de vigilancia sobre el uso de fondos públicos, la respuesta institucional debe ir acompañada de documentación y seguimiento para que la aclaración no se quede solo en un ajuste de lenguaje.