El gremio de los centros nocturnos colocó bajo escrutinio la actuación del Gobierno tras denunciar una serie de clausuras que considera arbitrarias por parte del Cuerpo de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA).
Según la denuncia, los cierres se habrían realizado antes del horario permitido y pese a que los establecimientos contaban con documentación en regla. La organización advierte que la medida ha generado una zozobra en el sector y pérdidas que calcula en hasta 60 millones de pesos.
La queja no se limita al operativo en sí. También apunta a la falta de respuesta oficial frente al reclamo de los negocios afectados, que exigen claridad sobre los criterios usados para las clausuras, así como transparencia en la actuación de las autoridades.
En un contexto en que el Gobierno suele presentar sus medidas como acciones de orden y control, el caso abre preguntas sobre proporcionalidad, debido proceso e impacto económico sobre una actividad formal que opera con permisos.
Hasta el momento, el gremio insiste en que no se ha ofrecido una explicación pública suficiente sobre las clausuras ni sobre los mecanismos de revisión de los casos cuestionados. Mientras tanto, el sector reclama que se revise el procedimiento y se determinen responsabilidades si se confirma que hubo atropellos.
La denuncia mantiene en el centro del debate la necesidad de fiscalización efectiva, pero también de reglas claras y rendición de cuentas en la aplicación de medidas administrativas que afectan directamente a empresas y trabajadores.