El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader, al considerar que sus disposiciones pueden tener efectos adversos sobre la atención de salud en el país.
La objeción del gremio pone el foco en el impacto práctico de una reforma legal que, aunque nace en el ámbito judicial, toca de forma directa la prestación de servicios médicos, especialmente en centros con menos recursos y en áreas de mayor riesgo.
De acuerdo con la advertencia del CMD, la norma podría encarecer la atención, desalentar la permanencia de médicos en servicios sensibles y profundizar las debilidades de hospitales que ya operan con limitaciones.
La decisión de acudir al Tribunal Constitucional abre un nuevo frente de revisión sobre una disposición promulgada por el Gobierno, en momentos en que se vuelve indispensable medir no solo el alcance jurídico de la reforma, sino también su costo, sus consecuencias sobre el acceso a la salud y el efecto real que tendrá en la red hospitalaria.
Hasta ahora, la controversia refleja la tensión entre una reforma legal impulsada desde el Poder Ejecutivo y las preocupaciones de un sector que exige que cualquier cambio normativo venga acompañado de evaluación de impacto, seguridad jurídica y protección efectiva para pacientes y médicos.