El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal y advirtió que las disposiciones impugnadas pueden tener efectos directos en la atención médica, al encarecer los servicios, generar demoras y abrir la puerta a una revisión de normas que ya habían sido cuestionadas.
La decisión del gremio coloca en el centro del debate un tema de alto interés público: el alcance de la nueva legislación penal y sus posibles consecuencias sobre el ejercicio de la medicina y el acceso oportuno a los servicios de salud. En ese contexto, el reclamo del CMD apunta a que el Tribunal Constitucional examine si los artículos señalados se ajustan a la Carta Magna.
El planteamiento médico no se limita a una discrepancia técnica. Según la posición expresada por el gremio, las disposiciones objetadas podrían traducirse en más costos para pacientes y prestadores, además de demoras en la atención. Ese eventual impacto obliga a que la discusión no quede en el terreno legislativo, sino que se mida por sus efectos concretos en el sistema de salud y en los usuarios.
Con esta acción, el CMD busca que el contenido del nuevo Código Penal sea revisado por la jurisdicción constitucional antes de que sus efectos se consoliden. El caso reabre además el debate sobre la necesidad de que cualquier reforma penal o institucional sea evaluada no solo por su aprobación formal, sino por su viabilidad, su claridad normativa y sus consecuencias sobre derechos y servicios esenciales.