La experiencia de Gallup en procesos electorales vuelve a colocar sobre la mesa un problema de fondo: la presión que enfrentan las mediciones cuando sus resultados incomodan a sectores políticos y de poder. El texto repasa años de “traición, maltrato y difamación” contra la firma desde 1990 y señala que esos episodios reaparecen en cada campaña, en un ambiente donde la descalificación desplaza el debate sobre los datos.
Según el autor, desde 1996 las diferencias netas de Gallup frente a las juntas electorales han rondado el 1%, aunque insiste en que las encuestas no son predictivas ni infalibles. Pese a ello, denuncia agresiones de “sicarios radiofónicos de gobiernos y partidos”, como muestra de cómo el entorno electoral puede deteriorarse cuando se busca desacreditar información adversa en lugar de someterla al contraste público.
Como ejemplo, retoma uno de los momentos más tensos: una encuesta de 1994 encargada por un grupo allegado a la PUCMM que mostró un virtual empate entre Peña Gómez, con 37.8, y Balaguer, con 38%. Más que una anécdota, el episodio se presenta como una advertencia institucional: cuando los números resultan incómodos, la reacción de actores vinculados al poder puede convertirse en un factor de presión que obliga a reforzar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza del debate electoral.