Aunque el Gobierno dominicano estaría afinando una reforma fiscal para recaudar RD$ 60,000 millones adicionales para el Estado, su presentación estaría pautada para la tarde de este jueves 11 de junio, en medio de cuestionamientos de economistas que en meses recientes habían señalado que el entorno económico, social y político no lucía propicio para cambios de fondo al sistema tributario.
A finales de diciembre de 2025 e inicios de 2026, varios especialistas sostuvieron que el fortalecimiento de las finanzas públicas debía encaminarse por la vía de ajustes administrativos y medidas de gradualismo fiscal, antes que por una reforma estructural. En esa misma dirección, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, había afirmado en enero que una eventual reforma solo se impulsaría si estaban dadas las condiciones políticas y sociales. «Si no llega el momento, nos manejaremos con los ingresos que tengamos», dijo entonces.
Por su parte, el exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, también vio poco probable una reforma en el corto plazo y aseguró que «no creo que las condiciones estén dadas». De acuerdo con su planteamiento, las prioridades del Gobierno de Luis Abinader estaban centradas en concluir obras de infraestructura pendientes, avanzar en reformas institucionales y sacar adelante iniciativas legislativas como el Código Laboral y la reforma a la Seguridad Social. El viraje hacia una reforma fiscal en este escenario pone bajo revisión la coherencia de la ruta oficial y la capacidad del Gobierno para explicar por qué ahora promueve una medida que antes supeditaba al consenso político y social.