SANTO DOMINGO.- La inclusión de la República Dominicana en un listado de países señalados por alegadamente no prevenir ni impedir el trabajo forzoso en determinados sectores laborales reavivó las alertas sobre el manejo institucional de un tema con potenciales consecuencias económicas para el país. El abogado Luis Yépez Suncar calificó como preocupante ese señalamiento y lo vinculó a una cadena de imputaciones internacionales que, según expuso, se ha mantenido en los últimos años contra la nación.
En su análisis semanal “Mi Pensamiento en dos Minutos”, Yépez Suncar recordó que en 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en uno de sus informes que en la República Dominicana existían prácticas de discriminación racial y xenofobia contra ciudadanos haitianos. Agregó que Amnistía Internacional reiteró esas acusaciones en sus informes de 2024 y 2025, sumando cuestionamientos sobre supuestas violaciones de derechos humanos hacia nacionales haitianos.
El jurista sostuvo que la situación escaló en 2026 con la decisión de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de incluir al país en esa lista, una medida que, advirtió, podría derivar en aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a productos dominicanos exportados hacia ese mercado. Según explicó, ese escenario implicaría un impacto significativo para la economía nacional, con un sobrecosto anual estimado entre 712 y 890 millones, lo que refuerza la exigencia de vigilancia y respuestas efectivas ante un deterioro de la imagen internacional con efectos concretos sobre la producción y el empleo.