La Operación XL-526 expuso una presunta red criminal que, según el expediente del Ministerio Público, captaba víctimas a través de anuncios publicitarios y luego las sometía a extorsión y chantaje con un guion previamente diseñado. La investigación señala que la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, empleaba herramientas tecnológicas y dominaba el idioma inglés, mientras sus integrantes se presentaban como supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para generar temor y exigir dinero.
Según el órgano acusador, una parte del mecanismo de intimidación consistía en enviar imágenes de crímenes violentos a las personas contactadas. El expediente también afirma que los recursos presuntamente obtenidos mediante extorsión, chantaje y estafas eran movidos por medio de criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y plataformas de pago, con el propósito de ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad.
Por el caso, el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para diez personas arrestadas y solicitó que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de imputados, víctimas y la presunta existencia de una estructura de crimen organizado vinculada al lavado de activos. El alcance atribuido a la red y la variedad de mecanismos usados para mover fondos reabren la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad institucional para detectar a tiempo operaciones de este tipo y limitar su impacto sobre la población.