La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de reparos sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuánto se toma prestado, sino a para qué se asume esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado está aplicando la misma disciplina fiscal que exige a la población.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones de la suma aprobada se destinarían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que beneficiaría sobre todo a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Ante ese panorama, propuso estudiar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que servirán directamente a sus empresas.
Marte advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública incrementa la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, limita el margen para enfrentar futuras crisis, eleva la vulnerabilidad ante subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. Asimismo, criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que especifique qué partidas se reducirán, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.